Hace ya muchos años que las pérdidas humanas y morales como consecuencia de la pasada Guerra Civil Española (1936-1939) se pusieron al margen de la beligerancia política para situarlas en el necesario terreno de una historiografía entendida como ciencia al servicio de la paz, la concordia y el diálogo.
Un programa tan
ambicioso y generoso no fue aceptado por muchos y, desde que la
izquierda y los nacionalistas empezaron a ocupar sectores de poder en la
naciente democracia, comenzó un proceso en el que las víctimas de la
guerra volvieron a ser agitadas por ellos, al tiempo que se impulsaba la
revisión de lo ocurrido en la Segunda República, la Guerra Civil y la
España de Franco bajo el señuelo de la llamada recuperación de la
memoria histórica. La presión de los sectores más radicales que
respaldan al actual Gobierno ha precipitado la aprobación de una llamada
Ley de la Memoria Histórica que, siendo fiel expresión de estos
principios, encubre la voluntad característica de los sistemas políticos
totalitarios: dar refrendo jurídico a una interpretación del pasado y
sentar las bases para que en su día se apliquen medidas punitivas contra
los disidentes.
Se suele decir que estos planteamientos significan la ruptura del
consenso que se produjo en los años de la Transición y, en última
instancia, una puesta en cuestión de la propia legitimidad de dicho
cambio que acabará desembocando en una nueva etapa constituyente. Pero
no es menos cierto que esta tendencia se inició a finales de los años 70
y comienzo de los 80, por lo que no puede hablarse de un cambio sino de
la natural aceleración de un proceso degenerativo. El paso del Estado
franquista al de la Constitución de 1978 se hizo mediante el pacto y la
negociación entre los elementos procedentes del Régimen saliente y la
oposición rupturista, pero el citado acuerdo consistió en una cesión
práctica por parte de los primeros en todos aquellos terrenos que habían
sido materia de conflicto en los años anteriores a cambio de la
conservación de algún residuo institucional. Dicho de otra manera, el
consenso constitucional consistió en ceder a muchas de las pretensiones
de la izquierda y del regionalismo político cuyas últimas consecuencias
estamos pagando hoy.
Negar la legitimidad de origen y de ejercicio del anterior Régimen
político condujo a darle una salida constitucional que negaba sus raíces
en él y abría paso a dos posiciones: el inestable salto en el vacío que
pretenden los representantes del actual centro-derecha, renunciando a
cualquier vinculación con el pasado, mientras que socialistas,
comunistas y nacionalistas acuden al saqueo sistemático de la historia,
reconociendo la lógica continuidad entre los postulados que sostienen en
la actualidad y los que defendieron sus ya lejanos antepasados, aunque
estén vinculados al totalitarismo más despiadado. Las carencias
intelectuales, la frivolidad y el oportunismo de la primera posición han
favorecido la absoluta hegemonía de esta última.
Por su mayor actualidad y consecuencias jurídicas nos hemos
referido a la manipulación de nuestro más reciente pasado, sin embargo
la ofensiva tergiversadora también afecta a otros momentos de nuestra
historia como la Reconquista, el descubrimiento y evangelización de
América, el Siglo de Oro y, en general, todo aquello que se refiere a la
identidad nacional y a sus referencias religiosas. En definitiva,
asistimos a un proyecto de construcción de una «historia única» al
servicio del «pensamiento único».
El conocimiento histórico puede servir como fundamento de una
convivencia equilibrada cuando se establece en los términos que ya
señalaron los clásicos, es decir, procediendo con buena fe, sin encono
sectario y tras someter a crítica la información aportada por las más
diversas fuentes. Las siguientes propuestas, en la medida que sean
asumidas por la comunidad científica y trasladadas al resto de la
sociedad, facilitarían ese objetivo.
PRIMERA PROPUESTA: Marginación intelectual del concepto de memoria histórica
La memoria, como facultad de recordar, es algo individual. La llamada
«memoria histórica» no es recuerdo biográfico, sino conciencia formada
por un tejido de experiencias, ideas recibidas, valores asumidos e,
incluso, lecturas o transmisión de otras informaciones. La Historia no
es un simple recuerdo del pasado, es una interpretación o reconstrucción
de las huellas que permanecen en el presente. Por tanto la Historia es
obra de la inteligencia y no de la memoria.
El concepto de «memoria histórica» no pertenece al patrimonio
científico de la Historia y, como tal, debe ser apartado del debate
intelectual y carecer de cualquier aplicación docente o jurídica. La
llamada «Ley de Memoria Histórica» debería ser derogada y dejar espacio
únicamente a medidas legales para reparar las injusticias cometidas en
la destrucción de testimonios históricos y archivísticos o en la
glorificación indebida de personajes y circunstancias del pasado.
SEGUNDA PROPUESTA: Los usos de la historia en el espacio público
En muchas ocasiones el debate público se sustenta sobre bloques
históricos masivamente ignorados o falsificados. A diferencia de los
voceros de la «memoria histórica», los historiadores no nos consideramos
como expertos en posesión de toda la verdad sobre los hechos y su
interpretación. Pero somos conscientes de que la historia es la única
disciplina que, cuando se utiliza correctamente, nos permite el acceso a
los acontecimientos más relevantes del ayer. Nuestro objetivo es
procurar que los conocimientos y los interrogantes estén a disposición
de todos. Para eso es necesario abrir una reflexión sobre los usos
públicos de la historia y proponer soluciones que rechacen las
tentativas de instrumentalizarla.
TERCERA PROPUESTA: La enseñanza de la historia
El debate actual ilustra un malestar mucho más general relativo a
la enseñanza de nuestra disciplina, y la gran distancia que existe entre
la investigación y el contenido que se transmite a los ciudadanos. Es
necesario establecer un estado de la cuestión y reflexionar sobre la
elaboración más transparente de los programas académicos para que las
distintas corrientes de la investigación histórica estén tratadas de
manera equitativa, sin conceder a las ideas nacionalistas, neo-marxistas
y laicistas una hegemonía de la que no gozan en el terreno científico.
La importancia de esta tarea es todavía mayor si se tiene en cuenta
la rápida integración en nuestra comunidad de millones de personas que,
procedentes de otros países y a veces de otras culturas, no tienen otro
medio de conocimiento de la historia de España y de sus aportaciones al
común patrimonio de la Humanidad que la enseñanza reglada.