Hasta
ahora [marzo de 2010] han dado su firma al manifiesto sobre el Valle de
los Caídos los historiadores Ricardo de la Cierva, Jesús Palacios,
Miguel Platón, José Andrés -Gallego, Serafín Fanjul, Jesús Salas
Larrazábal, Ángel D. Martín Rubio, David Gress, José Luis Orella,
Dominique Venner, Salvador Fontenla, Juan Blanco, José M. Manrique
García, Juan Ernesto Pflüger, Santiago Velo de Antelo, José Pla Blanch,
José María Manrique García, Ángel Maestro, Lucas Molina Franco,
Guillermo Rocafort Pérez, Teodoro A. López López, Alberto González
Rodríguez, Carlos Gregorio Hernández, César Ramos, Antonio Manuel
Barragán-Lancharro, Carlos Caballero Jurado, César Alcalá, y Pablo
Sagarra Revuelta.
También se han adherido intelectuales como Fernando Sánchez Dragó, Aquilino Duque y otros (la firma sigue abierta).
El
manifiesto tiene el sentido de informar a la opinión pública sobre la
enésima fechoría anticultural de un gobierno que se considera sucesor
del Frente Popular, el mayor destructor y saqueador del partimonio
artístico e histórico nacional en el siglo XX, promotor sistemático de
la mentira sobre nuestra historia, reciente y en general. El manifiesto
debe convertirse en instrumento para difundir la verdad, pues es de
vital importancia que la mentira y la depredación no se impongan. Una de
las acciones al alcance de todo el mundo es dar la máxima difusión a
este manifiesto, enlazándolo por internet, sacando copias en papel y
difundiéndolo en los círculos de conocidos, centros de trabajo, etc. Y,
cuando sea posible, recoger nuevas adhesiones de historiadores e
intelectuales.
Manifiesto de historiadores:
1.-
El Valle de los Caídos es uno de los monumentos más grandiosos,
armónicos e integrados en el entorno edificados en el siglo XX en todo
el mundo, y como tal uno de los más visitados. Construido sin coste para
la Hacienda pública, por medio de donativos y loterías especiales.
2.-
El monumento, alzado en recuerdo de la victoria del bando nacional en
la Guerra Civil, pasó pronto a tomar carácter de reconciliación, al
enterrarse en él restos de soldados de ambos bandos, algo muy poco usual
entre los vencedores de una guerra. La reconciliación no parece haber
sido aceptada por algunos círculos ni por el actual Gobierno, que viene
hostigando a los monjes encargados de cuidar el lugar, privándoles de
ingresos y cerrando con falsos pretextos el acceso a parte del
monumento. Se ha hablado de anular su carácter religioso, de
transformarlo en museo de la llamada "memoria histórica", y no han
faltado incitaciones a volarlo.
3.-
Como justificación de su actitud, el Gobierno y asociaciones
financiadas con dinero público han divulgado que el Valle de los Caídos
fue construido por 20.000 presos políticos en régimen de esclavitud,
pésimas condiciones y elevada mortandad. Estos datos, como tantos de la
"memoria histórica", chocan con la documentación hoy conocida. Esta
documentación prueba que la mayoría de los obreros del Valle fueron
libres; los reclusos --comunes e izquierdistas acusados de delitos--
trabajaron durante seis de los dieciocho años de la construcción, un
máximo de 700 en algún momento y sin llegar a 2.500 en total; eran
voluntarios, pues redimían hasta seis días de condena por día trabajado;
cobraban sueldo normal y con vigilancia escasa; entre libres y presos
hubo 14 accidentes mortales, número considerado bajo para una obra de
tal envergadura. Tampoco está probado el que Franco quisiera ser
enterrado allí, una decisión tomada por el rey Juan Carlos.
4.-
Los españoles tienen derecho a conocer las pruebas en que se basan las
versiones del Gobierno y sus afines, y estos el deber de ofrecerlas. De
otro modo deberíamos concluir que la opinión pública sufre un nuevo y
lamentable episodio del "Himalaya de mentiras", como definió el
socialista moderado Besteiro o el liberal Marañón unas propagandas
generadoras de odios que todos creíamos superados.
5.-
Aun en el muy improbable caso de que tales pruebas existiesen, nunca
justificarían unas actitudes que entrarían en una tradición desastrosa
de destrucciones y saqueos de arte y bienes del Patrimonio Histórico
Nacional como los ocurridos en la Guerra Civil. Por todo ello, los
historiadores firmantes nos consideramos obligados a denunciar una
situación que revive divisiones del pasado y que ningún país civilizado
puede tolerar.
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